“Corrupción institucional facilita la contaminación industrial en México”: Cindy McCulligh

La actividad industrial en México, es el principal agente contaminante de los mantos acuíferos, con producción de materia orgánica biodegradable y sustancias tóxicas, compuestos sintéticos y metales pesados, todos que degradan la vida de los ecosistemas y la salud humana.

“Esto ocurre por corrupción institucionalizada entendiéndola como un sesgo que permea en la formulación y aplicación de la regulación ambiental en el País que resulta laxa y obsoleta”, señaló la doctora Cindy McCulligh, investigadora del CIESAS Occidente e integrante de la red internacional Waterlat-Gobacit.

Y como ejemplo citó que en la cuenca del Río Santiago en Jalisco el 90 por ciento de las descargas industriales incumplen con los parámetros de la NOM 00-1 y se detectaron mil 90 compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles que se vierten en las aguas del río generando problemas severos de salud en la población.

“La misma Comisión Nacional de Agua estimó que la industria genera una carga contaminante en México equivalente a la que generarían 300 millones de personas”, señaló.

Explicó que desde 1996 la Norma 00-1 de Semarnat que regula sólo 20 parámetros sobre cómo  evitar la contaminación industrial de descargas de aguas residuales  permaneció vigente sin ningún cambio hasta 2018, año en el que fue sometida a una revisión que permitió aprobar una nueva norma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2022 que entrará en vigor hasta el año entrante.

La doctora McCulligh presentó su ponencia «El reto de la contaminación del agua en México» como parte del ciclo La Vida ante el daño Ambiental promovido en conjunto por la Colectiva Zurciendo el Planeta y el Centro Interactivo de Ciencia Zig-Zag

La investigadora explicó que el reto una vez que entre en vigor la nueva norma en 2023 será cómo aplicarla, pues la capacidad de inspecciones a las descargas que tiene la Conagua es muy reducida.

“Hasta 2018 la Conagua realizó 7 mil 694 inspecciones al año de descargas, de extracción de agua subterránea y superficial y de ocupación de zonas federales, etcétera, a ése ritmo requeriría de 68 años para poder inspeccionar a la totalidad de los usuarios con una concesión o permiso que son más de medio millón.

 Y peor aún con la nueva administración (del Presidente López Obrador) ha habido una reducción de más del 70 por ciento de inspecciones, por lo que el reto de hacer valer una nueva normatividad es mayúsculo”, señaló.

Por lo tanto, la investigadora consideró que la poca capacidad de inspecciones es una condición insostenible.

 Además, precisó  que dentro del Comité Consultivo Nacional de Normalización del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat), donde se deciden las normas obligatorias del sector ambiental hay por lo menos 19 cámaras y asociaciones de industriales que “casi pueden llegar a tener el poder de dictar las normas que salgan”.

Ésa situación  de empoderamiento de la industria dentro del Comarnat debe cambiar,dijo.

“Debe de cambiar el balance de poder que existe en ése espacio si queremos que las normas ambientales respondan al interés general y al bien común y no al interés privado”, resaltó

“Si no hay una acción decidida de la autoridad podemos seguir con niveles importantes de impunidad”, advirtió.

 La doctora McCulligh, quien es además integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel 1 explicó que mientras en México existe una sola norma para regular a las distintas clases de industrias y las descargas que generan, en países como Alemania se tienen 57 normas distintas por descarga industrial y doméstica, en Estados Unidos 59 normas para el mismo fin y en la India 45.

También se refirió a lo que llamó el al mito de las multinacionales que consiste en que las empresas tienen certificaciones internacionales y sistemas de gestión internos que supone para ellas estándares más altos respecto a los que obligan las leyes mexicanas, lo cual no necesariamente es real.

“Existe una falacia respecto al correcto desempeño ambiental de las multinacionales y muchas veces desde este discurso se conforma un sistema de regulación ambiental muy dependiente del auto monitoreo de las mismas empresas”, dijo.

Además, refirió que mucha de la información que se genera sobre descargas a cuerpos de agua proviene de las mismas empresas

Alternativas

La investigadora propuso que para sanear de contaminación en particular del río Santiago y los demás cuerpos de agua en su mayoría contaminados en nuestro Paísse deben tener plantas de tratamiento de aguas residuales municipales que operen bien y para lo cual el Estado Mexicano debe destinar recursos públicos suficientes y de aplicación eficiente.

Y que el tratamiento de descargas industriales garantice la no toxicidad.

“Se deben controlar las descargas sabiendo cuál es la fuente y su principal contaminante.

Poco a poco tenemos que transitar de sólo tener una norma única a tener normas que tomen en cuenta el origen de la descarga para que México ya no se contamine por impunidad y la laxitud de la normatividad”, insistió.